Colombia en la irracional “Guerra contra las drogas”.

Colombia en la irracional “Guerra contra las drogas”.

Uno no se explica cómo Colombia en los años 70, famosa por ser productor de la “Punto rojo”, la marihuana más apetecida del mundo, cultivada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y con tierras aptas para su producción en casi todo el país, llegó tarde al negocio del cultivo y procesamiento para uso “recreativo, industrial  y farmacéutico” de la estigmatizada ‘yerba maldita’, cuando en Europa y Norteamérica la legalizaron progresivamente convirtiéndose en un negocio que paga cuantiosos impuestos a los gobiernos moviendo miles de millones de dólares, que a Colombia podrían compensarle los que pierde por la decreciente, antiecológica y devaluada producción de petróleo y carbón.

Eso, sin contar múltiples beneficios, que antes que la legalicen en Norteamérica, podríamos obtener del cultivo y procesamiento de coca con fines alimenticios, industriales y medicinales, o como ancestralmente la usaban los pueblos indígenas, antes de que, a inicios de los 60, a campesinos del sur del Cauca, jóvenes ingenieros químicos de los “Cuerpos de Paz” de los Estados Unidos, les enseñaran  a procesar y refinarla para obtener el costoso ‘postre de ñatas’ de la cocaína aceleradora de endorfinas  y pasmadora de las borracheras a poderosos, celebridades y ciudadanos del mundo ‘civilizado’, mientras las mafias que se apoderaron del negocio ilegal penetraron el comercio, la industria, la construcción, el deporte, los bancos que les ayudaron a lavar los dineros y corrompieron políticos y sectores de las fuerzas armadas para que les garantizaran leyes y complicidad favorables para que funcionara el negocio ilegal sin mayores contratiempos.

La irracionalidad de políticas aplicadas a rajatabla, a pesar de que en la práctica demuestran su inutilidad escondiendo otros intereses, se evidencia en la lucha contra las sustancias ilícitas, tal como sucedió cuando a en los Estados Unidos prohibieron el alcohol y prosperaron Al Capone y las violentas mafias, y posteriormente la emprendida a inicios de los 70 por el presidente Nixon, buscando antes que verdaderamente controlarlas, una herramienta legal para judicializar a los líderes de las hacinadas comunidades negras que en las principales ciudades norteamericanas luchaban por los derechos civiles conculcados por el racismo imperante y contra los jipis de la Contracultura que promovieron el uso de la marihuana, el LSD y otros estimulantes con el lema de Amor y Paz, y además se negaron a prestar servicio militar para ir de carne de cañón al Vietnam, desde donde muchos de los jóvenes que no perdieron la vida luchando contra las guerrillas del Vietcong al regresar, sin gloria, derrotados, repudiados y marginados por sus compatriotas, la perdieron por su adicción a la heroína y otros opiáceos que adquirieron en Indochina.

Desde entonces, la mayoría de cárceles gringas se llenaron de jóvenes negros y latinos soportando largas condenas por el porte o tráfico de pequeñas sustancias y al adquirir un carácter de guerra militar y no ser enfocada como un problema de salud pública, la “Guerra contra las drogas”, empezada por el gobierno de Nixon, fue exportada junto a la DEA a sus países satélites, la misma CIA traficó con drogas para financiar a los “Contras de Nicaragua” y usada junto a la lucha “Contra el Terrorismo”, como excusa para invadir países como Panamá, imponer códigos y fuertes castigos a las mulas, mientras prosperó la venta de armas, helicópteros y contrataron la fumigación con glifosato fabricado por la Monsanto.

Al convencerse de que la prohibición es el principal estímulo para el tráfico de drogas, un grupo de científicos, intelectuales y políticos como los expresidentes Gaviria y Santos de Colombia, Cardozo del Brasil, Zedillo y Calderón de México, desde hace tiempo hacen llamados para que se legalice el cultivo y la producción, mientras el gobierno de ultraderecha de Trump, ante la posibilidad de escudar la invasión a Venezuela en la lucha contra el ‘narcoterrorismo”, continúa imponiéndole la política de la prohibición de la marihuana y la coca a gobiernos títeres como el colombiano, que insiste en el calmante temporal de la fumigación.

El departamento del Cauca, afectado por la violencia generada por el cultivo ilegal de cerca de 300 hectáreas de marihuana Crepy en el nororiente y más de 7.000 Has en el sur y costa del Pacífico, es una muestra clara de lo que significa la prohibición de sustancias que metrópolis, como los Estados Unidos, las legalizan o ilegalizan según sus intereses mientras las autoridades civiles, militares, comerciantes, industriales, banqueros y políticos terminan metidos en la cadena de corrupción generada por los miles de millones que circulan “sucios y lavados”, mientras los campesinos y población humilde del campo, sufren las nefastas consecuencias de la guerra por controlar los territorios y la economía ilegal.