En Colombia, por causa de la pandemia, estamos siendo testigos de una multiplicación fácilmente explicable, pero ésta no es de panes como hace 2000 años, sino de pobres. En el 2020, según reportes oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), habrá 11,69 millones de colombianos en pobreza multidimensional. Con esta línea, casi tres de cada 10 colombianos ganan mensualmente menos de la renta básica universal planteada. Después de la pandemia, se calcula que 19,07 millones de colombianos estarán en condición de pobreza monetaria, es decir que estaban debajo de este nivel de ingresos.
A las comunidades marginales se les debe garantizar un Ingreso Básico Universal, como un pago en efectivo regular para cada ciudadano por lo menos mientras dure el confinamiento, independientemente de si tienen o no ingresos por su trabajo. En diferentes países, se están haciendo pruebas para avanzar en ingresos básico vitalicio. Es tal vez el tema más llamativo e impactante en el mercado laboral del siglo XXI.
Constituye un verdadero reto para Gobierno Nacional lograr una fuente de recursos suficiente con el propósito de contener las crecientes necesidades sociales derivadas de un aumento del desempleo y de una mayor inactividad laboral, la propuesta de desplegar una renta básica universal equivalente a un salario mínimo -impulsada por 54 senadores- ha ocupado parte de la discusión en medio de la pandemia.
La idea planteada originalmente en 1992 por el belga Philippe van Parijs, en su libro La renta básica: más allá de la sociedad salarial, ha permanecido viva y vigente. Hay, por lo menos, unos 7 libros dedicados al mismo tema, el último en inglés publicado el año pasado se llama Darle dinero a la gente, de Annie Lowrey. Lo más significativo no es el texto y propuestas de esos libros, sino el hecho de que, en diferentes países, se están haciendo pruebas para avanzar en ingresos básicos, aun tímidamente, pero con resultados en desarrollo y evaluación. Entre ellos: Irán, Finlandia, Alaska, Brasil, México, Liberia, Honduras e Indonesia. Para muchos no es una forma de redistribuir el ingreso nacional, sino, será la manera más justa y equitativa de dominar a los menesterosos y a la sociedad emergente y periférica.
Según este bloque de congresistas, financiar la implementación de este mínimo vital para 9 millones de familias tiene soporte en fuentes existentes como los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, créditos internacionales, préstamos del Banco de la República al Gobierno, dineros ahorrados de gastos de funcionamiento estatal y reasignación de gastos del Presupuesto Nacional.
Y aunque las actuales transferencias vigentes que hace el Gobierno Nacional (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, devolución del IVA e Ingreso Solidario) cuestan cerca de $3 billones -para un trimestre-, poner en marcha la propuesta que los congresistas enviaron al presidente Iván Duque contempla un salario mínimo mensual que cubra a 30 millones de colombianos (9 millones de hogares) por tres meses. Esto le representaría al fisco cerca de $23,7 billones (2,3% del PIB).
Recursos hay, lo que sucede es que quedan en manos de los corruptos. La corrupción es un problema generalizado en Colombia, cada año nos cuesta 50 billones de pesos, unos 18.400 millones de dólares, según cifras entregadas por La Contraloría General de la República. Fernando Carrillo, procurador de Colombia, describe este delito como una “pandemia” que le quita al país el 5% del Producto Interno Bruto, el 15% del presupuesto nacional, y que afecta por sobornos y coimas el 18% de la contratación pública de la región.
Sin embargo, ante los crecientes gastos del Estado y los fracasos del Estado en la lucha anti corrupción, la propuesta de garantizar el ingreso mínimo vital, terminará financiándose con un endeudamiento adicional que recaerá sobre la próxima generación de colombianos.
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